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Veinte años de cárcel porque sí

In historias humanas on abril 11, 2010 at 10:28 pm

A Antonio Zúñiga lo detuvieron en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 2005. En dos días, fue acusado de asesinato. En unos meses, condenado a 20 años de cárcel. Los policías que lo detuvieron nunca le leyeron sus derechos. Su primer abogado no tenía permiso para ejercer la profesión. El detective que le acusó no se acordaba de su caso. Decenas de testigos corroboraron su coartada, pero el único que fue tomado en cuenta fue un joven que no atinaba a describirle. El juez, pese a las múltiples pruebas que le exoneraban, le condenó no una sino dos veces a 20 años de prisión. Sólo consiguió probar su inocencia cuando dos jóvenes abogados, armados con una cámara de vídeo, mostraron las irregularidades de su juicio ante un tribunal de apelaciones. El documental Presunto culpable cuenta la historia de un hombre encarcelado pese a que podía probar su inocencia, pero que tuvo la mala suerte de toparse con que en México la justicia es ciega. Literal.

El sistema judicial mexicano establece que un detenido es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Muy pocos lo logran. En 2008, casi el 95% de las sentencias fueron condenas. Ese diciembre de 2005, Zúñiga fue detenido por dos policías que le tiraron al suelo sin dar más explicaciones. “Ni idea de qué me están hablando. No sabía nada. Me agarran, me meten a una patrulla y me dijeron ‘¡tú fuiste, y ya!”, recuerda. Le acusaron de matar a un miembro de una banda urbana, el domingo 11 de diciembre, a las 15.00 horas. El mismo domingo en que Zúñiga atendió un pequeño negocio de videojuegos en un tianguis (la palabra náhuatl para mercadillo) en la capital mexicana. El crimen había ocurrido a 15 kilómetros de distancia. Los vecinos del mercadillo recordaban haberlo visto todo el día. La prueba de pólvora a la que fue sometido, para probar si había disparado un arma de fuego, resultó negativa. De poco le sirvió. Todas las evidencias fueron ignoradas. El único testigo fue un joven de 17 años, Víctor Manuel Reyes, que nunca había visto al acusado, y que no lo mencionó en su primera declaración. Ni tampoco en la segunda. Fue en su tercer interrogatorio en el que hizo una vaga descripción de Zúñiga y le señaló como el responsable del homicidio. Tras 180 días de prisión y un juicio en el que el testimonio de Reyes fue la única prueba aceptada, el juez encargado del caso, Héctor Palomares, le condenó a 20 años de prisión.

Roberto Hernández y Layda Negrete, dos abogados mexicanos estudiantes de doctorado en la Universidad de Berkeley (EE UU), se enteraron del caso. Las estadísticas que han resultado de sus investigaciones reflejan el lado oscuro del sistema judicial mexicano. El 93% de los presos nunca vieron su orden de arresto. El 92% de las pruebas no son físicas y se basan solamente en el relato de testigos. Pero cuando difundieron los primeros datos no fueron recibidos con entusiasmo. “Dijeron que esos datos de pizarra contradecían su experiencia”, recuerda Hernández. Entonces decidieron coger una cámara y grabar las pruebas. “Veíamos escenas que eran imposibles de creer a menos que estuvieras ahí”. Como que, a mitad de un juicio, un grupo de secretarias entre con un pastel para celebrar el cumpleaños de uno de los participantes. “Y así el acusado puede cantar Las mañanitas al fiscal que lo está procesando”, describe Hernández. “Hay juzgados con cocinas, jueces lustrándose los zapatos, vendedoras de cosméticos. Es una informalidad sin límites”.

Entonces Hernández y Negrete, que también son pareja, se convirtieron en los “abogados con cámara”. Su primer trabajo fílmico fue el cortometraje El túnel (2005). “Pero no era suficiente. Fue un trabajo de 14 días, donde los casos se eligieron de manera aleatoria”, recuerda Hernández. Por eso, cuando Eva Gutiérrez, la mujer de Zúñiga, les buscó para contar su historia, decidieron tomar la cámara de nuevo. “¿Les importa que las grabe?”, preguntó Hernández. Toma uno de Presunto culpable.

“No les quería dar falsas esperanzas”, recuerda Hernández. Cuando comenzaron a investigar el caso descubrieron las contradicciones. Hallaron detalles como que el primer abogado de Zúñiga había falsificado su permiso para ejercer la profesión. “Necesitamos un abogado bueno y que trabaje gratis”, aconsejaron. Y lo consiguieron. Rafael Heredia, un experimentado litigante al que sus colegas describen como “infalible y extraordinario”, tomó interés en el caso. “¿Y si me vuelven a condenar, seguiría defendiéndome?”, le pregunta en un momento. “A huevo”, responde Heredia sin pestañear. Negrete y Hernández consiguieron el permiso para grabar el juicio, un hecho inédito en México.

“En México, la injusticia está legalizada. No hay forma de salir. Es un sistema que te detiene sin orden de arresto, te acusa sin pruebas y te juzga sin juez”, asegura Hernández. La desconfianza de los mexicanos en sus instituciones es prácticamente absoluta. Sólo se denuncia el 3% de los crímenes en un país que libra una lucha contra el narcotráfico, que se ha cobrado más de 19.000 vidas desde 2006. En Ciudad Juárez, donde el año pasado se cometieron 2.900 asesinatos, sólo se efectuaron 30 arrestos. “La víctima es el jodido, el más pobre, el que no se puede defender”, describe Hernández. Zúñiga dormía en una pequeña celda junto con 20 presos. Su cama era un espacio en el suelo debajo de un catre, que los presos llaman “la tumba”. Y los consejos, tras las rejas. “Lo primero que te dicen es que tu familia no se debe enterar. Te memorizas las respuestas. ‘¿Cómo estás?’. Bien. ‘¿Te golpean?’. No”. Zúñiga todavía calla, pero Hernández está seguro de que le han torturado “al menos psicológicamente”.

Presunto culpable lo cuenta así. La estructura del filme convierte el burocrático y oscuro proceso judicial en una apasionante historia. Hernández, junto con el director australiano Geoffrey Smith (The english surgeon), editó los cientos de horas de grabación y estructuró un sobrecogedor relato de 90 minutos. Desde su estreno en el Festival de Toronto de 2008, la cinta ha causado lágrimas entre los mexicanos e incredulidad entre los extranjeros. Su estreno en España está programado para mayo, en el festival Documenta Madrid. “Yo me enamoré de la historia, me tocó mucho y no soy mexicano”, recuerda Smith. La historia de Presunto culpable “es más poderosa que la ficción”, describe. “Es imposible hacer un casting entre actores que interpretaran mejor a los involucrados”, añade.

La cinta muestra las condiciones de las cárceles en México. La boda con su novia, Eva, en la prisión, junto con otras decenas de parejas. La negligencia del juez Héctor Palomares, el mismo que le había condenado la primera vez. El cinismo del detective José Manuel Ortega, que tras ser citado por el juez, afirma que el caso de Zúñiga es uno de “tantos crímenes que resolvió” y no se acuerda porque no es “una base de datos”. La dignidad de Eva, que consiguió un trabajo –”bordando trajes de charro”, relata– para llevar comida a su esposo en la cárcel (el 71% de los presos en México son alimentados por sus familias). Y Zúñiga. Nos enteramos que baila break dance e interpreta hip-hop. Todas las canciones que aparecen en la película fueron compuestas por él. Describe su caso y afirma que pelear su inocencia fue “como en el baile. Si te equivocas, no te puedes detener. Tienes que seguir, y seguir, y seguir”.

Su defensa nadaba contra corriente. En los argumentos finales, tras mostrar evidencia como que la prueba de pólvora realizada a Zúñiga había resultado negativa, que el testigo del caso no podía describirle, que era imposible que hubiera cometido el asesinato, Heredia, el abogado defensor, exige a la fiscal que explique cuáles son los fundamentos de su acusación. “Porque es mi chamba [trabajo]”, es su única respuesta. El 4 de febrero de 2008, tras 800 días en la cárcel, Zúñiga fue condenado, otra vez, a 20 años de prisión.

Pero siguieron. Había una última esperanza. Heredia, Negrete y Hernández acudieron a un tribunal de apelaciones, donde tres magistrados decidirían la suerte de Zúñiga. Y es ahí donde ocurre uno de los datos más esperanzadores de la historia. Tras ver las grabaciones del juicio, el magistrado Salvador Ávalos, el mismo que había avalado la condena de Zúñiga, decidió rectificar. “Fue el único en todo el proceso que dijo: ‘me equivoqué”, recuerda Hernández. Después de pasar tres años en la cárcel, Zúñiga por fin fue exonerado. Fue el 3 de abril de 2008, el mismo día que nació su primera hija, Valeria. No guarda rencores. Acudió a una proyección pública en el Festival de Cine de Morelia (México), en octubre pasado, a la que asistieron 2.000 personas. Al final de la cinta fue recibido con una ovación. “Fue un momento impresionante. Muchos lloraban. Era como si nadie pudiera creer que alguien había sobrevivido”, recuerda Smith. Zúñiga sólo quiere que su historia no se repita. Que se difundan los límites que alcanzan la negligencia y la corrupción en su país. Que se sepa cómo trabaja la justicia en México. Que todos se enteren.

Por Verónica Calderón en El País Semanal

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