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Un solo denunciante pone en Vigo casi 2.000 casas al borde del derribo

In historias humanas on diciembre 20, 2009 at 1:36 pm

“A los dos nos hicieron sufrir mucho. Y como consecuencia, te metes en la rueda y ya no puedes salir”, aduce Eulogio Abeleira para explicar su condición de pleitista urbanístico en municipios de las Rías Baixas, en los que al igual que Eduardo Canabal presenta decenas de denuncias contra ilegalidades urbanísticas que suelen acabar en sentencias de derribo. A Abeleira le precede en esta dedicación Canabal y también se ha sumado a la causa Josefa Gallego en Nigrán al hilo de un atroz acoso vecinal.

Canabal y Abeleira son ya personajes con historia y marca. El primero le ha ganado cien pleitos al Ayuntamiento de Vigo, gracias a lo cual hay entre 1.500 y 2.000 viviendas con orden de derribo. Le consultan promotores y abogados y de eso vive, de su asesoría urbanística. Abeleira también asesora -“sin cobrar, aunque podría”- pero sobre todo presta su nombre para esconder la identidad de otros denunciantes que no quieren significarse entre sus vecinos, de ahí el graneado de denuncias, a centenares, en los ayuntamientos del sur de Pontevedra. Atascan los servicios urbanísticos y jurídicos municipales y “traban” el funcionamiento de la Fiscalía de Pontevedra, aunque del arsenal de Abeleira sólo prospera entre el 2% y el 3% de las denuncias.

Canabal tiene al Ayuntamiento de Vigo contra las cuerdas desde hace 15 años: “Si reconocen los daños que me hicieron y me piden disculpas, retiro los contenciosos”, afirma. “Y que me paguen las minutas, conservo todas las facturas”, añade como condición de su compromiso. Los dos han asumido el ejercicio de la acción popular que les permite la ley. “No habría denuncias si no hubiera ilegalidades”, aducen. Y las hay en volumen suficiente para encontrar blanco incluso disparando al tuntún.Pero, sobre la acción popular, tratándose de urbanismo, el experto Ramón Martín Mateo, de la Universidad de Alicante, destaca que en el conjunto de España “la trascendencia práctica de este tipo de acciones ha sido reducida. Es problemático que por razones puramente cívicas y altruistas una persona se embarque en costosos litigios”, explica en La obligación ambiental del sector público. Y añade: “No han sido aisladas las manifestaciones patológicas de la aplicación de esta normativa en la que se han basado extorsiones y chantajistas para exigir cantidades a promotores a veces en sintonía con el ordenamiento, pero a los que las perspectivas de un costoso y prolongado proceso judicial alarmaba, sobre todo a la hora de vender los inmuebles”.

Ésta es la impresión que persigue a Canabal y Abeleira y en la que escudan sus zonas de sombra y misterio. Pero ni chantajistas ni extorsionadores, aseguran ambos. “Que lo denuncien, si tienen pruebas”, retan. Nadie lo hizo hasta hoy, aunque hubo algunos amagos “para calentar el caldo de las calumnias y la maledicencia”. “Nunca denuncié a nadie, sólo he alegado contra la planificación urbanística”, dice Canabal. Como asesor, eso sí, le da a todo lo que le pidan sus clientes, y de eso vive desde hace muchos años. “Siempre me dediqué al urbanismo, soy técnico superior proyectista”. Y tampoco se siente responsable de que “otros vayan utilizando” su nombre “para hacer chantajes”.

Los dos conocen al dedillo la compleja normativa urbanística y el derecho concomitante que precisan. La Organización de Colectivos Veciñais de Vigo abrió en 2002 una cuestación para recaudar 1.200.000 pesetas. “Informados de las carencias económicas del ciudadano Eduardo Canabal, a fin de poder ejecutar y presentar las correspondientes demandas emanadas de resoluciones habidas en sus denuncias urbanísticas”. Ya se había ganado entonces la condición de pleitista. Abeleira tardaría aún un par de años en desembarcar. Los dos lo hicieron por motivos análogos. Canabal empezó reclamando contra un edificio que le iban a construir delante, en zona verde, y le quitaba las vistas, en la desembocadura del Lagares. Abeleira había comprado un apartamento en A Armona (A Guarda) y en 2004 quiso bloquear la propiedad de las instalaciones comunes a nuevos vecinos para los que construyeron apartamentos en el lugar de un centro comercial. La próxima tanda de derribos en A Guarda serán esos ocho apartamentos.

Meterse en pleitos, a los dos en su momento, les salió caro. Políticos y promotores se conjuraron, dicen, para llevarlos a la asfixia económica. Canabal perdió una empresa de calefacciones y Abeleira, su constructora. Pero Canabal encontró un mentor distinguido, Abelardo Pardo, que fue secretario municipal de Vigo, patanegra del Ayuntamiento hasta su jubilación y sinuoso concejal del PP. Le defendió en el pleito aquel por las vistas, en los primeros años 90. Ambos fueron después las cabezas más representativas de una presunta trama de corrupción, con evidentes conexiones en el Ayuntamiento pero que nunca llegó a sustanciarse. Entonces Canabal iniciaba los procedimientos que han demostrado la vulnerabilidad jurídica de aquel Plan General de 1993 que se aprobó con la abstención de Pardo.

El pleitista no cree que ahora puedan legalizarse las 25 o 27 actuaciones que él impugnó y que se hallan en fase de ejecución de sentencias porque “para que cumplan, tendrán que aplicar todas las leyes en vigor promulgadas desde entonces, como la del Hábitat, y los edificios no son de plastilina”. Aunque no cree que los propietarios de los pisos sean inocentes “porque sabían lo que había y, si no, que reclamen a los promotores que se los vendieron”, insiste en ofrecer su pacto: retirada de todos los recursos a cambio de disculpas, reconocimiento de los daños infligidos y pago de las minutas, “que es menos de lo que el Ayuntamiento lleva gastado en costas procesales y de lo que se van a gastar para acomodar y legalizar las actuaciones: 240.000 euros por cada proyecto”. A su juicio y para colmo, “el plan actual es aún peor, mucho más fácil de tumbar que el anterior”. Personalmente no ha impugnado nada del mismo, pero en tanto que asesor ha ayudado a que otros lo hagan, “y tiene más de 100 recursos planteados”.

Ha habido algún día en que la Fiscalía tuvo que sustanciar hasta cinco denuncias, más de cien cada año. “Nos dan un trabajo tremendo, y la inmensa mayoría se archivan”, dice un fiscal. “En el 99,99% de mis denuncias hay una irregularidad detrás”, defiende Abeleira. “Que sea delito o no, ya no me corresponde a mí decirlo”.

Su chispa prendió, por citar el caso de más empaque, en el Talaso Atlántico, un hotel-balneario construido en Oia al amparo de una ordenanza que el Ayuntamiento no publicó. “Dije que me la enseñaran y me sacaron un folio de un cajón, sin firma, sello o membrete de ningún tipo. Como si la hubiera hecho yo mismo en casa”, cuenta Abeleira. “Y para colmo, ni siquiera cumplía esa ordenanza: autorizaba bajo y dos plantas y el edificio tiene bajo más siete”. Está tasado en 2.000 o 3.000 millones de pesetas y en un plazo de dos meses Abeleira pedirá la ejecución de su derribo. Él, según cree, ya pasó lo peor en este caso: “Me mandaron a un par de matones, a intimidarme, y anduve un tiempo con protección policial”. Nunca ha retirado ninguna denuncia -luego ninguna ha sido moneda de cambio para el chantaje- y desmiente que pidiera al ex alcalde de A Guarda Alonso Riego ser asesor urbanístico municipal. “Un infundio sin el menor fundamento. Se lo archivaron en el juzgado y ahora tiene el pleito en la Audiencia Provincial”.

Precisamente en Oia trabajó como asesor urbanístico Canabal, “antes de perpetrarse la actual desfeita”, como en los demás ayuntamientos, por culpa de alcaldes, concejales y funcionarios “que hacen favores clientelares, la vista gorda con las ilegalidades de sus compañeros, no avisan de las cargas a los que compran casa y que no dejan de repartirse el pastel porque nadie, con todo lo que ya ha caído, ha sido sancionado o condenado por ese motivo”, acusa. Los dos pleitistas cultivan su amistad en A Guarda, sede del Grupo de Opinión A Guarda, la asociación que agita y tramita las denuncias -“yo soy el único que sabe cuántos somos y no lo voy a decir”, dice Abeleira-. Canabal, por su parte, se ha retirado de su labor de asesor de los afectados por la anulación de 21 licencias, y subsiguientes derribos, en ese ayuntamiento: “Estoy harto de aturar con las suspicacias, como si yo fuera el estafador”.

Por Primitivo Carbajo en El País

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