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Faltan árbitros para tanta pareja rota

In historias humanas on noviembre 27, 2009 at 3:09 pm

Una chica abre la puerta y entran dos niños acompañados por su madre. El mayor no llega a los 12 años, pero sus caras de pillos ocultan vivencias impropias de su edad. Enfundados en sendos chándales, cruzan la entrada y se sientan frente a una mesa redonda en lo que podría ser la cocina de una casa familiar. Pero no lo es. Su madre les da un beso y sale de la casa justo cinco minutos antes de que el padre llame al timbre. No se cruzan por los pelos, todo está estudiado. Los mismos niños corren a la entrada y saltan a abrazar a su padre. Es viernes por la tarde y tienen un fin de semana antes de que se repita la operación. Están en un Punto de Encuentro Familiar (PEF).

Estos centros nacen de una constatación: hay muchas parejas rotas que no pueden ni verse. Ni siquiera para asuntos relacionados con sus hijos. Detrás hay malos tratos, denuncias falsas, adicciones, incumplimiento de mandatos judiciales, enfermedades mentales o procesos de divorcio complejos. En estas situaciones, los jueces pueden decidir que las visitas se hagan en estos locales, territorios neutrales cuyo fin es ofrecer un arbitraje en forma de asesoría. Pero el número de casos aumenta rápido y no así el número de centros, hasta el punto de que en algunos hay largas listas de espera. Carecen, salvo en alguna comunidad autónoma, de una regulación que de cobertura a sus actividades y concrete el papel de los mediadores y sus límites, que se encuentran también en cuestión.

La complejidad de las situaciones se mezcla con la difusa regulación de los centros (hay unos 120 en toda España, según estimaciones del Ministerio de Sanidad y Política Social), que funcionan desde hace algo más de una década y cuya actividad es bastante controvertida. Grupos de madres y asociaciones de padres separados han criticado los PEF por saturación, por ineficacia e incluso por maltrato psicológico, con quejas y denuncias por la actuación de los profesionales.

Los pisos están decorados de forma alegre para intentar que los niños tengan sensación de familiaridad. GORKA LEJARCEGI

Mercedes García-Vilanova Comas, secretaria general de la Confederación Española de Puntos de Encuentro Familiar, opina que los principales problemas son la saturación y la falta de financiación. En cuanto al primero, asegura que los casos aumentan un 30% anualmente y no así los recursos. “Falta financiación y faltan espacios, que no aumentan al ritmo de las necesidades”, se queja. La saturación, según los expertos, afecta a muchas de las grandes ciudades, entre ellas, Madrid y Valencia. Faltan recursos humanos, físicos y económicos. “Además, los fondos para los PEF dependen de las subvenciones y no de los órganos ante los que responden”, afirma Trinidad Bernal, doctora en Psicología y directora del Programa de Mediación Familiar Atyme. En este sentido, un experto que prefiere no identificarse reclama “más implicación del Ministerio de Justicia, porque los PEF son un recurso para el juzgado y deberían tener una mayor relación, pero se nota cierta dejadez que se proyecta a los jueces”.

Marisa Sacristán, directora de Aprome (Asociación para la protección del menor en los procesos de separación de sus progenitores), considera que para abordar los problemas de los PEF es clave una legislación común. Sacristán participó en la elaboración del Documento marco de mínimos para asegurar la calidad de los puntos de encuentro familiar, que aprobó el Gobierno a finales de 2008. “Fue un reconocimiento, pero ante los usuarios y en relación con la Administración de Justicia, aún queda mucho por hacer”.

De la falta de normativa deriva una situación difícil para los profesionales, sin competencias definidas y con poca capacidad de actuación. La teoría dice que las funciones de los trabajadores son muy claras: apoyar el cumplimiento de las visitas, realizar intervenciones de carácter psicosocial y de negociación y mediación, cuando las partes estén de acuerdo. También deben registrar y documentar las actividades e incidencias por si el juzgado lo requiere. Pero la práctica es más complicada, sobre todo sin un respaldo legal concreto.

La andadura de los PEF comienza en 1994, cuando a Sacristán se le ocurrió la posibilidad de establecer un sitio neutral para garantizar las visitas a los hijos de parejas con problemas en su separación. Dos años después, un juzgado remitió el primer caso a un piso de Valladolid, que ya guarda más de 1.300 expedientes. Nació Aprome y Sacristán coordina ya 24 centros que han atendido a más de 10.000 familias.

De titularidad pública pero gestión privada, los PEF dependen de las comunidades o ayuntamientos y son gestionados por asociaciones y ONG. La mayoría están agrupadas en Fedepe (Federación Estatal de Puntos de Encuentro Familiar) y Cepef. García-Vilanova hace balance de una década de trabajo: “Se han conseguido muchos objetivos, sobre todo a la hora de aclarar las funciones”. Coincide Sacristán: “Al principio teníamos que improvisar los métodos de trabajo, solucionábamos los problemas conforme surgían”. Pese a los avances, sólo la Comunidad Valenciana ha aprobado una ley de PEF y otras (Asturias, La Rioja, País Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha, Canarias, Castilla y León y Extremadura) los han incluido en otras normativas de apoyo a las familias. Pero cada una a su manera y sin conexión interterritorial.

En medio del bullicio de un viernes, Sacristán asegura sonriendo que no le sorprende que las situaciones de las ex parejas sean tan diferentes según quien las cuente. Antes de empezar las visitas, las partes van por separado a contar su historia. O más bien sus historias: “No me dejaba ver a los niños” es igual a “no cumplía el régimen de visitas”. “Estaba muy dolida por la ruptura” es igual a “se drogaba y era incapaz de llevar una vida normal”. Éste es el complejo punto de partida para el equipo de trabajo, que deben formar psicólogos, trabajadores sociales y educadores. Pero la falta de regulación hace no sea así en todos los puntos.

En el piso de Valladolid el ritmo es frenético. “No te imaginas lo que es aquí un domingo a las ocho de la tarde”, dice una de las trabajadoras. Ellas se las apañan, y hacen virguerías, para conseguir que el rompecabezas encaje. Abrir y cerrar de puertas, controlar que cada uno esté donde debe, estar atentas a la ventana y conservar la sonrisa. “Son muy maternales, muy infantiles”, dice un padre, “y están pendientes de los niños por encima de todo”.

La buena voluntad de los trabajadores se pierde a veces en la indefinición. Bernal afirma que “los PEF no están bien ubicados porque están llevados por entidades, normalmente, ONG, que dependen de consejerías de Asuntos Sociales y que a su vez tienen que rendir cuentas ante el Ministerio de Justicia; habría que clarificar su situación para aprovechar las ventajas”, indica la psicóloga. Y añade que existe “cierta sensación de indefensión entre los profesionales, que no saben qué pueden hacer y a quién tienen que responder en cada caso”. García-Villanova recuerda, por ejemplo, un petición reciente en Cataluña sobre PEF “sin abogado, algo que no tiene sentido cuando estamos hablando de este recurso”.

Viendo el trabajo diario de estos centros queda claro que son situaciones difíciles, en las que es complejo separar funciones y competencias; los mismos profesionales convienen que se van adaptando a las situaciones prácticamente a medida que suceden. A las trabajadoras del punto de encuentro de Valladolid les preocupa la necesidad de ser neutrales: “La dificultad es ser imparciales frente a los padres, por su actitud. Los niños suelen ser los primeros en confiar en nosotros”. También reconocen que es imposible no implicarse. Cuentan con un sentimiento de tristeza al ver “una pareja embarazada que viene a informarse”, o “la última visita de un progenitor al que le han quitado la custodia en beneficio de una familia de acogida”.

En los PEF se dan tres tipos de encuentros: entregas y recogidas, visitas tuteladas y no tuteladas. Según la última memoria publicada de Cepef, de 2007, el 62% de las visitas fueron entregas y recogidas; casi el 30% fueron encuentros tutelados y el resto, visitas no tuteladas. Ese 30% engloba aquellas en las que una de las partes tiene una denuncia, orden de alejamiento o enfermedad que le impide estar a solas con sus hijos. Es el caso de Vicente, en la cuarentena y con cuatro denuncias de su ex mujer a la espalda por malos tratos, tres resueltas a su favor y una en curso. Su hija, de siete años, lleva tres viéndole en el piso de Valladolid. “Aprome ha garantizado que yo viese a mi hija estos tres años; son observadores, testigos si mi ex mujer no viene y base para poner una denuncia en la comisaría”, explica satisfecho (para preservar su intimidad, ni éste ni los demás nombres de usuarios son reales).

Los tres años de Vicente pueden o no estar justificados, pero se trata de una de las causas que contribuyen a la saturación y falta de operatividad de los PEF. En teoría, son servicios temporales pero en muchos casos las familias se acomodan y pasan años en los PEF. “Esto resta muchísima operatividad a los centros”. De hecho, es algo que preocupa mucho y el mes pasado, durante un encuentro de jueces y abogados de familia, se decidió llevar la recomendación a los jueces que deriven a un punto para que lo hagan por un plazo de un año prorrogable, pero siempre que el PEF lo justifique. Ahora no se establecen plazos en la mayoría de los casos.

Pedro ha hecho 200 kilómetros para ir al piso de Valladolid a por su pequeña, de seis años, que tuvo con una brasileña. “Estuve seis meses sin verla, sin saber siquiera dónde estaba, y al final tuve que optar por esto porque es la única manera de poder ver a mi niña”. Se molesta porque la madre llega tarde e insiste en que se le pasa la hora del parquímetro. Puede sorprender que sea esto lo que le irrite, pero las trabajadoras aclaran que este tipo de preocupaciones y discusiones no son extrañas. “Ni te imaginas la que se puede liar por un corte de pelo o un pantalón sucio”, dicen, “es increíble que parejas que están pasando por esto se centren en ese tipo de detalles”.

La incapacidad de actuación de los PEF se refleja en el caso de la joven Sara, que aparece con sus pequeños de nueve y cinco años. Fue víctima de malos tratos; ya no hay orden de alejamiento, pero viene al PEF porque se pone “mala sólo con verle”. Dice que tiene que engañar a los críos para que se vayan con el padre. “Nos ponemos a jugar y yo me retiro sin que se den cuenta”. Está contenta con el trabajo del PEF, “bastante hacen, pero es muy complicado; las sentencias a veces son ambiguas”.

Pese a las carencias, los PEF también son testigos de historias felices. Como la de Paco, que viaja desde Galicia y espera inquieto a sus pequeños. Lo hace en la entrada, porque después de cuatro años ha conseguido que la relación con su ex mujer se normalice e incluso estén juntos en el intercambio de los niños. Al principio, sólo podía verlos en visitas no tuteladas, “llegaba a Valladolid, sin casa, en invierno, y al final nos quedábamos en el punto”. Esta pareja ejemplifica perfectamente lo que quieren ser los puntos de encuentro. Pronto no lo necesitarán. Sara les mira desde el pasillo y suspira: “Qué envidia”.

“Puse en riesgo a mi hija”

Son muchas las páginas de Internet que recogen los testimonios de personas desencantadas o muy molestas con los puntos de encuentro familiar. La mayoría, madres con la custodia que se han sentido desfavorecidas o incluso maltratadas en estos centros, los cuales, por su parte, defienden que hacen todo lo que está en su mano desde la imparcialidad. Pero sus historias son estremecedoras y algunos casos han terminado con sentencias a su favor.

Luisa, de la Comunidad Valenciana, es una de ellas: “Me divorcié por malos tratos. Él estuvo dos años sin ver a la niña y fui yo la que pedí que fuéramos a un punto de encuentro”, relata por teléfono. Asegura que su matrimonio fue horrible: “Él bebía mucho y me pegaba, aunque a veces era un ángel”. Con todo, mantiene que nunca le habló mal del padre a la niña, pero que la pequeña presenció los malos tratos y desde entonces no ha querido estar a solas con él. “Después de un tiempo de visitas tuteladas, en el punto nos dijeron que ya se la podía llevar a la calle, pero ella se negó. Hice un escrito a la Fiscalía y me dieron la razón, nos cambiaron a otro PEF y volvimos a tener las visitas tuteladas”. Ahora, Luisa dice que tiene miedo y siente que en el primer PEF no se centraron en garantizar la integridad de su hija. “Haber solicitado el PEF me ha hecho poner en riesgo a mi hija, cuando pensaba que se iban a quedar solos no me perdonaba haberla llevado allí”.

Otro de los puntos más polémicos y clave en la lucha de estas madres es el llamado SAP (síndrome de alienación parental), un trastorno no reconocido por la OMS que se refiere a la manipulación que el progenitor custodio puede ejercer sobre los hijos en contra del otro progenitor. Sacristán y García-Vilanova coinciden en que, independientemente de que sea un trastorno, se da. “No creo que en muchos casos sea consciente”, dice García-Vilanova, “pero lo que sí es cierto es que se manipula a los niños, a veces mucho, hasta llegar a tener que cambiar el juez la custodia”.

Por Cristina Castro en El País

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